El pasado 9 de octubre, dos meses justo antes de las elecciones generales del 20 de Diciembre, el consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula el auto-consumo eléctrico.
Se trata de una medida heredada de la reforma eléctrica impulsada por la Administración con nuevos impuestos y recortes a las ayudas, que han supuesto un freno al desarrollo de las energías limpias en el país.
Según la actual legislación, si los a los auto consumidores no se les impusieran peajes para cubrir los costes del sistema (gasto en redes de transporte; distribución; en la amortización de la deuda o los sobrecostes de la generación en las islas, etc.), en cierta medida, éstos deberían ser asumidos por el resto de usuarios, lo que haría encarecer todavía más la parte regulada del kilovatio consumido.
El Real Decreto Ley 900 del 2015 establece las siguientes medidas:
- Se imponen nuevos cargos a los productores, tanto un coste fijo por la potencia instalada, como uno variable por la electricidad auto consumida.
- El decreto también contempla un sobrecargo específico para los que cuenten con baterías para almacenar parte de la electricidad producida por sus paneles solares incluyendo procesos burocráticos como:
- Inscripción en un registro de auto consumidor.
- Solicitud de un informe de conexión a las comercializadoras.
- Obligación de poner los equipos de medida en un lugar accesible y cerca del punto de conexión a la red de distribución.
- Prohibición de compartir instalaciones de producción entre varios usuarios.
Sin embargo en este RD no se define la metodología de los cargos y las exenciones anteriores, sino que se establecen con carácter temporal, quedando a la espera de implantar un método para los cálculos en un futuro.
Con la nueva regulación, quienes estén enganchados a la red pagarán el término de potencia al completo y el término de energía en función de lo que se utilice de la red y cuanto se consuma, como cualquier usuario normal. Adicionalmente a la energía auto consumida deberá aplicarse el llamado “impuesto al sol” y que tiene como objetivo participar de la financiación y costes del sistema.
De estos recargos sólo quedarían exentos aquellos que decidan desengancharse por completo de la red eléctrica general, lo que resulta un crucial ya que la mayor parte del consumo de los domésticos se realiza en horarios en que no se puede producir electricidad con el sol, así que hay que utilizar la red como sistema de apoyo. También quedarían exentas las instalaciones con una potencia inferior a 10KW y/o sean residentes en Canarias y Baleares.
Por otro lado, Industria no ha hecho mención sobre una de las reclamaciones del sector, el balance neto: que los clientes puedan verter a la red la electricidad sobrante y que se descuente de la factura. Una fórmula que se utiliza en media Europa y en EEUU.
El RD establece dos categorías en este ámbito en función del tamaño de su instalación:
- Las instalaciones con una potencia inferior a los 100KW
- Podrán verter a la red el sobrante de su energía, pero no percibirán ningún tipo de remuneración por ello.
- Grandes productores, instalaciones de más de 100KW
- Sí que cobrarán por la energía vertida y lo harán al precio del mercado mayorista en el momento en que realice el vertido.
- No obstante, el trato de esta actividad es jurídica y fiscalmente equivalente al que recibe cualquier otro generador del país. Con lo cual se tendrá que asumir el peaje de generación: 0,5€/MWh y el impuesto del 7% sobre la producción.
Ante este escenario además nos encontramos con que las medidas se aplican con efecto retroactivo, afectando a las instalaciones ya operativas y provocando con ello que las que no se puedan adaptar pronto a las medidas se encuentren en un estado de irregularidad temporal.
La consecuencia, según informa UNEF (Unión Española Fotovoltaica): 22 MW de nueva fotovoltaica registrada en el año 2014 en España frente a los 40.000 MW en el resto del mundo. Unos números muy débiles si comparamos con el aumento en nuestros países vecinos: en Gran Bretaña 2270MW, en Alemania 1900MW y en Francia 1000MW. Mientras, en España se tiene un 65% más de irradiación solar que en Alemania, el país germano que tiene instalada un 600% más de capacidad fotovoltaica que España.
A día de hoy, la situación es la siguiente: por un lado el sector se encuentra ya preparando un recurso en contra de la reforma eléctrica y por otro, la oposición se ha comprometido a derogar las últimas medidas del gobierno después de las elecciones.
Ante este panorama en España y en el resto de Europa, lo que nos queda muy claro, es que el sector requiere con premura unas pautas de actuación claras y un impulso en la confianza para invertir independientemente de los diferentes dirigentes que gobiernen. En vísperas de las elecciones del 20D los partidos se afanan en proponer acuerdos sobre una reforma del sector eléctrico con vocación de futuro, estabilidad y seguridad jurídica. Sin embargo, por el momento solo hace que el período de incertidumbre se prolongue y ahuyente a los atrevidos inversores que puedan haber sobrevivido a 10 Reales Decretos y dos leyes en los últimos 4 años. Sin duda, este final de año e inicio del 2016 se nos van a plantear cambios.
Sonia Díaz | Energy Consultant
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