Fue en 1997 cuando comenzó el proceso de liberalización del mercado eléctrico en España. Este proceso, que se fue instaurando de forma gradual hasta su culminación en el año 2009, trajo una importante novedad a los consumidores: por primera vez tuvieron la opción de elegir qué comercializadora querían contratar, y con esto, surgieron las dudas: ¿será fiable dejar a mi comercializadora de toda la vida?, ¿correré el riesgo de que me corten la luz?, ¿realmente pagaré menos tal y como me asegura la publicidad?
A lo largo de este artículo, trataré de resumir cómo ha sido el camino en estos 20 años, a través del cual hemos pasado de un mercado 100% regulado, a tener cientos comercializadoras libres, y trataré de responder alguna de las preguntas planteadas anteriormente.
De 5 a cientos.
El 1 de julio de 2009, entró en vigor la Ley 27/2007, por la que se liberalizaba el mercado eléctrico, como en su momento ocurrió con la telefonía e internet. Las comercializadoras que entraban en juego en aquel entonces eran las creadas por las 5 grandes eléctricas del momento (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.ON y HC Energía), pero no tardó en salirles competidores.
A continuación, podemos ver un gráfico en el que se muestra la evolución en el número de comercializadoras activas según informes de la CMNC desde el año 2011 hasta el 2016 (año en el que, por cierto, el número de consumidores en el mercado libre ya era superior que del precio regulado):
Source: CNMC
La promesa de la rebaja en el precio de factura fue una de las principales armas de las nuevas comercializadoras a la hora de captar nuevos clientes, y como vemos en el siguiente gráfico, en líneas generales, la promesa se cumplía (especialmente en el sector doméstico y PYME):
Evolución del precio del suministro (€/MWh) en mercado libre según el tipo de comercializadora:
Source: CNMC
Además del precio, existían otros reclamos: transparencia, comercialización de energía renovable, trato personalizado que podría traducirse en ahorros (como ajustes de potencia o supervisión ante penalizaciones de energía reactiva), entre otros. Algunas comercializadoras cumplirían sus promesas en mayor medida que otras, pero con estos argumentos, decenas de ellas se hicieron su pequeño hueco en el mundo de la venta de energía.
Además de los atractivos reclamos ofrecidos a los clientes para diferenciarse de las grandes energéticas de toda la vida, otro factor influyó en el boom de las comercializadoras: las bajas barreras de entrada.
El hecho de que los márgenes de beneficio sean cada vez más y más ajustados, unido a unas condiciones de entrada cada vez más exigentes, han hecho que el incremento de nuevas comercializadoras se haya reducido en los últimos años.
Grandes en número, pero no en volumen
Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos pensar que las grandes empresas energéticas están en un serio problema, que tienen que compartir su parte del pastel con demasiados competidores y que el oligopolio energético ha quedado en el pasado. Pero, nada más lejos de la realidad, los siguientes gráficos nos dan fe de que, pese al elevado número de competidores, las 5 grandes empresas siguen dominando el mercado de forma contundente:
Evolución de las cuotas de energía suministrada en mercado libre por grupo de comercialización y por segmento de consumo:
Source: CNMC
Si consideramos la cuota de energía suministrada en todo el mercado para el sector doméstico (no solo la del mercado libre, sino también la de los clientes en mercado regulado), el porcentaje es aún más pequeño para las pequeñas comercializadoras:
Evolución de las cuotas de energía suministrada en todo el mercado (libre + COR) por grupo de comercialización para el segmento doméstico:
Source: CNMC
Los últimos datos que tenemos disponibles hablan de que las nuevas comercializadoras eléctricas elevaron al 6,7% su cuota de mercado en 2017, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior.
Y llegan las sombras…
Los casos de fraude relacionados con la comercialización de energía llevan sucediéndose desde casi el comienzo de la liberalización del mercado, siendo en el 2012, cuando por primera vez se inhabilita a una comercializadora, “AE3000”, sentando un importante precedente.
Hasta el día de hoy, la CNMC ha llegado a tramitar una treintena de procedimientos de inhabilitación, de los cuales 21 han terminado con la inhabilitación de la comercializadora.
El agujero generado por estas eléctricas se calcula en torno a los 100 millones de euros, de los cuales unos 72 han sido sufragados por las cinco grandes eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo).
Este tipo de fraudes, lejos de conllevar una alta complejidad o de tratarse de estafas de distinta índole, se han llevado a cabo casi siempre de forma muy similar. Para intentar comprender en qué consiste la estafa, haremos un breve resumen del que ha sido el mayor caso de fraude en nuestro país:
Operación Ámbar
El 30 de noviembre de 2017, la CNMC informa en su Web oficial de que ha sido desmantelada la organización criminal que llevó a cabo la que ha sido mayor estafa en el campo de la comercialización de energía eléctrica hasta la fecha. En aquel día, se informa de la detención de 14 personas en 5 provincias en la bautizada como “Operación Ámbar”.
La organización logró estafar 60 millones de euros entre los años 2012 y 2017.
La forma de operar era relativamente sencilla. En el año 2012, comienza a funcionar una red que creó diversas empresas instrumentales para comercializar energía eléctrica. Estas empresas (que figuraban a nombre de testaferros), captaban clientes (generalmente pymes), ofreciendo la energía a un coste entre un 20% y un 30% inferior al de mercado. Esta red de comercializadoras, al principio compraba energía a los generadores y pagaba a los distribuidores por el trasporte de la electricidad hasta los puntos de consumo de sus clientes; hasta aquí todo normal Pasado un tiempo, estas comercializadoras disminuían la cantidad de energía que compraban a los generadores y empezaban a dejar de abonar las facturas a los distribuidores, pero seguían ofreciendo el servicio con normalidad a sus clientes.
El grueso del fraude (60 millones de euros), se genera debido a que después no liquidaban los desfases entre la energía vendida a los clientes y las facturas que debían a sus distribuidores. Pasados unos meses, cuando la mercantil suministradora reclamaba el pago, la sociedad desaparecía y los empresarios volvían a crear nuevas firmas con testaferros para continuar con el fraude. De esta forma, llegaron a ser 13 las comercializadoras con actividades fraudulentas destapadas, todas dirigidas por el mismo empresario y con una cartera que abarcaba unos 4.000 suministros. Debido a esta estafa, hacienda ha dejado de ingresar 14 millones de euros en impuestos.
El 1 de diciembre de 2017 conocimos que el cabecilla de la trama, “Esteban Roig Padrosa”, ingresaba en prisión, quedando en libertad el resto de investigados.
Qué medidas tomar
Parece bastante claro que se deben de tomar medidas para evitar que los abusos cometidos en el pasado se puedan repetir, pero no es tarea sencilla. Unos de los principales problemas que existían hasta 2016 (cuando se modificó la ley), eran los plazos de actuación. Cuando una comercializadora no compraba la electricidad en el mercado, y acudía al mercado de ajuste para adquirirla sin dinero, el primer aviso se notificaba al séptimo mes.
Era en el undécimo mes, cuando se tomaba la decisión de presentar una queja, que llegaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se abría una investigación. Volvían a pasar varios meses o un año hasta que se decidía sancionar a la compañía, con una multa muy pequeña en comparación a lo estafado, y era entonces cuando el Ministerio de Industria tomaba cartas en el asunto.
Habían pasado dos años y la compañía continuaba estafando. No era hasta pasados algunos meses más, cuando el Ministerio emitía una resolución con la que inhabilitaba a la comercializadora.
Cuando el organismo pertinente había impuesto las sanciones, las compañías ya no existían, y no tenían clientes. En algunos casos, incluso, las comercializadoras habían pasado sus clientes a una nueva empresa para volver a empezar con la misma estafa.
El plazo del procedimiento de investigación ya se redujo a seis meses, pero las grandes eléctricas lo siguen considerando excesivo, ya que permite la acumulación de daños económicos. En este sentido, han solicitado al Ministerio de Energía que agilice aún más el trámite y la suspensión cautelar de las comercializadoras desde que se detecten los primeros incumplimientos. Asimismo, solicitan que las garantías exigidas sean los suficientemente elevadas como para cubrir los importes hasta que llegue, en su caso, la inhabilitación definitiva, así como una solución a la financiación que tienen que asumir el resto de las agentes del sistema.
En el otro lado de la moneda, tenemos el hecho de que poner demasiadas exigencias, podría poner en peligro la libre competencia del mercado.
Qué podemos esperar en los próximos años
En el futuro, a las comercializadoras que intentan abrirse su hueco en el mercado energético, no parece esperarles un camino de rosas. Las grandes energéticas no parecen dispuestas a dejarse quitar su cuota de mercado, y pelearán para que la regulación les favorezca.
Como ejemplo, en Julio de 2017, el Tribunal Supremo dio vía libre a que las grandes eléctricas pudieran acceder a la cartera de clientes de las comercializadoras independientes en la base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). Este hecho fue llevado a la CNMC como consulta por la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), solicitando cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva. A comienzos de año, la CNMC se posicionó a favor de las pequeñas eléctricas y las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía. En la redacción final de esta norma y con carácter posterior al preceptivo informe de la CNMC, se decidió no incluir en la base de datos la información que identifica directamente al consumidor (nombre y dirección del titular del punto de suministro y ubicación de dicho punto).
Posiblemente en los próximos años seremos testigos de más disputas de este tipo. A este respecto, en febrero de este año nace en Madrid la Asociación Europea de Comercializadores Independientes de Energía. Ésta es la primera red europea de asociaciones nacionales de comercializadores independientes, cuyo objetivo explica Michele Governatori (presidente designado de EER para 2018 y 2019): “Nuestro objetivo es representar con una única voz a las compañías energéticas independientes que operan en nuestros países. Decidimos unir experiencias en diferentes países de la UE para proporcionar más información y sugerencias a la UE y a las instituciones de los estados miembros sobre cómo fomentar la competitividad en los mercados y el desarrollo tecnológico en nuestra industria”.
Competitividad sí, pero con garantías
Personalmente, creo que la competitividad siempre es algo bueno para los consumidores y el mercado en general. Espero ver para los próximos años un tablero de juego justo para los diferentes participantes en nuestro mercado energético, con unas reglas, además, que garanticen la seguridad para todos (incluyendo los consumidores) y que impidan que oportunistas se salten las reglas perjudicando al sistema en general.
Para esto, necesitaremos que los que los hacen las leyes, lo hagan con firmeza, justicia y valentía, haciendo que los cambios legislativos no nos conduzcan a más inseguridad jurídica, sino todo lo contrario.
En sus manos está la responsabilidad de trabajar por ese mercado energético con más luces, y menos sombras, que tanto deseamos.
Ismael Abordan | Energy Consultant
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