La transición hacia una economía completamente descarbonizada depende de una serie de factores identificados en la planificación energética del Gobierno: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 y Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo es lograr la descarbonización de la manera más eficaz y eficiente posible, habilitando el marco normativo necesario para la electrificación de la economía. Para el éxito del proceso de descarbonización, mejora de eficiencia y generalización de la energía renovable, son fundamentales las señales de precio que perciben consumidores e inversores; así como la certidumbre con relación a la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Sólo si hay equilibrio entre ingresos y costes será atractiva la inversión requerida en la próxima década.
El Gobierno lanzo a mediados de diciembre 2020 el anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Es una medida muy transformadora para el sector energético, pero no innovadora ya que plantea una solución que se viene solicitando desde el sector eléctrico reiteradas veces. Este giro en la política energética responde a tres objetivos: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años. El FNSSE se muestra así clave para la evolución de la transición energética con los tres objetivos planteados que busca aclarar el futuro del sector energético tanto para inversos como consumidores.
A continuación, explicaremos en detalle en que consiste, quien lo financia y como ha sido percibido en el sector.
CARACTERISTICAS DEL FONDO
En los últimos años la factura de electricidad se ha encarecido por una anómala financiación de las políticas medioambientales, que soportaba en exclusiva la electricidad pese a que los objetivos asociados a la transición energética se fijan en función del consumo de todas las energías. La inadecuada financiación de las políticas medioambientales ha convertido la factura eléctrica española en la quinta europea que más cargos e impuestos soporta.
El FNSSE propone financiar las políticas de fomento de renovables, cogeneración y residuos, entre todos los vectores energéticos (electricidad, petróleo y gas), de forma proporcional a sus ventas y con una implantación progresiva a través de un calendario lineal de 5 años. Un propuesta en línea con las medidas que se han adoptado en otros países de nuestro entorno:
- Alemania ha implementado una reforma fiscal donde los combustibles fósiles contribuyen a financiar las energías renovables, reduciendo así la tasa que pagaban en exclusiva los consumidores de electricidad en sus facturas.
- Francia también ha llevado a cabo una reforma en este sentido, con una tasa al CO2 que grava al carbón, al gas natural y a los productos petrolíferos, de forma proporcional a sus emisiones de CO2. El dinero recaudado se usa para financiar las renovables, de manera que todas las energías contribuyen.
- Otros países como Dinamarca también están dando pasos para implementar reformas fiscales basadas en el principio “quien contamina, paga”, introduciendo un impuesto sobre las emisiones de CO2.
El FNSSE financiará por ende los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), eminentemente fijos, que dejarán de formar parte del recibo de la luz y que el gobierno prevé que sean de unos 6.500/7.000 millones de euros en 2025, similar al actual.
Fuente: MagnusCMD
Como consecuencia de repartir progresivamente el coste fijado de RECORE entre todos los comercializadores de energía en vez de solo atribuírselo a los consumidores finales de electricidad, la factura eléctrica de estos últimos se reducirá un 10% aproximadamente a la vez los vectores más contaminantes subirán de precio. Si bien es cierto que el consumidor eléctrico continuará pagando casi el 50% de estos costes en 2025, la rebaja propuesta es significativa. En los próximos 5 años, se podrá ver rebajas en la factura eléctrica de los domésticos cercanas al 13% gracias a la disminución de los cargos.
FINANCIACION DEL FONDO
Ahora la aportación recae de forma directa sobre los consumidores finales de electricidad, pero con el FNSEE la aportación vendrá por los comercializadores de todos los sectores energéticos, que contribuirán al fondo en función de sus ventas.
El FNSSE es un instrumento que se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2 (2.500M€/año). Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por otro lado, el fondo contempla exenciones y compensaciones para los sectores con menos capacidad de adaptación:
- Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
- Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.
Por último, el FNSSE será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
VALORACIÓN DEL FONDO
La idea es simple, con sentido y coherencia. El mecanismo propuesto reparte el coste de las renovables, la cogeneración y los residuos entre todos los vectores energéticos: electricidad, gas natural y petróleo en función de sus ventas. Todos deben contribuir al cambio para reducir la contaminación.
No tiene sentido que el consumidor eléctrico soporte la práctica totalidad de los costes de la descarbonización solo porque el vector energético elegido para dicho cambio fuera la electricidad, un cambio que supone un beneficio para todos en términos de cambio climático. Si se hubiera aplicado correctamente la exigencia de la Directiva Europea 28/2009, que se refería a toda la demanda final de energía, los usuarios de electricidad nos habríamos ahorrado más de 30.000 millones de euros en este tiempo. Aunque se hubieran pagado en la factura final de los combustibles, al menos sería bajo el principio aceptado de «quien contamina paga».
Tampoco tiene coherencia que el sector eléctrico, que es el sector energético que más ha reducido sus emisiones hasta la fecha, y así seguirá, sea el que pague más por buscar descarbonizar el sistema. Actualmente la electricidad paga 8 veces más impuestos que el gas en relación con sus emisiones, y un 50% más que las gasolinas, causantes estos últimos de la mayoría de las emisiones de CO2.
La idea favorece el abaratamiento de la factura eléctrica. En el corto plazo el impacto es nulo en el consumidor de energías porque vera precios de la electricidad bajar y precios de las otras fuentes energéticas (hidrocarburos) subir en un ejercicio de suma 0, pero en el largo plazo el consumidor tendrá menor coste. El FNSEE hace más competitivas las tecnologías eléctricas favoreciendo así la electrificación, de tal forma que el consumidor tendera a descarbonizar su entorno, y a apoyarse más en un consumo no solo más eléctrico sino de menor volumen por un uso más eficiente del mismo. Como consecuencia los consumidores electrointensivos y la industria en general nacional será más competitiva.
Dicho esto, muchos agentes opinan que la idea podría ser más ambiciosa. La CNMC proponía que el referente fuera el volumen de emisiones de C02 en vez de las ventas de los comercializadores. Otros, como el comité de expertos, proponen que se debe aprovechar el momento y revisar la reforma fiscal del sector energético. El informe que los expertos elaboraron, y que seguirá bien guardado para que no se pierda, concluía que la política fiscal era el instrumento mejor para llegar a los objetivos de París. Sería el último movimiento para terminar de promover la descarbonización a través de la electrificación.
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