Mientras la mayoría de las economías de nuestro alrededor se están dotando de planes de acción y leyes sobre transición energética, que es probablemente el elemento central de la lucha contra el cambio climático, a España le queda un largo camino por recorrer. De hecho, en los últimos años ha experimentado un retroceso en términos de generación renovable de energía, tanto en el plano actual como en los planes de futuro.
A estas alturas aún no se ha aprobado una ley de cambio climático que nos ayude a cumplir los objetivos de descarbonización que nos exige la comunidad internacional, teniendo en cuenta además que somos uno de los países europeos en los que se prevé que el cambio climático va a tener un impacto mayor.
Presionado por la necesidad de llegar a un consenso en un tema vital para el país como es la energía, el Gobierno creó el pasado mes de marzo un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En él se han ido recogiendo desde entonces aportaciones de más de 400 expertos y ha servido para disponer de una base de ideas para tener en cuenta en la posterior redacción de la ley.
Algunas de las propuestas presentadas por parte de grupos ecologistas y sindicatos fueron, por ejemplo, el cierre de nucleares y centrales de carbón, así como el aumento delos precios de los derechos de emisión. También se presentaron propuestas lideradas por entes del sector financiero, como la creación de un órgano de apoyo independiente que haga seguimiento de la labor del Gobierno, además de crear mecanismos de precios y eliminar ayudas a los hidrocarburos. Otras propuestas fueron la obligación de transparencia y análisis sobre la huella de carbono de los diferentes sectores, apoyada por el sector académico; o el establecimiento de objetivos de reducción de gases efecto invernadero, cuantificados y vinculantes, y ampliar interconexiones con la Unión Europea, presentados por dirigentes del sector privado.
A partir de la información recogida, este verano el consejo de ministros ha aprobado la creación de una comisión de 14 expertos cuyo principal objetivo será analizar posibles alternativas de política energética, con ello se ha buscado disponer de representantes de toda la cadena de valor del sector. Tienen de margen hasta final de año para elaborar un informe que recoja propuestas para la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Deberán considerar además el impacto medioambiental y económico de cada opción y cumplir con los objetivos medioambientales de la forma más eficiente posible. Posteriormente, el Gobierno enviará el informe al Congreso de los Diputados. Allí se elaborará el borrador de la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tomando como base el informe de la comisión de expertos, que deberá presentarse a Bruselas el próximo 1 de enero de 2018.
La asignación de esta comisión ha sido reprendida por diferentes medios, argumentando que el reparto se ha politizado y que además no se ha hecho de forma equilibrada. Esto se debe a que, de los 14 miembros que lo forman: cuatro los ha elegido el Gobierno (uno por cada grupo parlamentario) y tres que fueron elegidos por los grupos UGT, CCOO y CEOE. Otros miembros son: Javier Arana (ex subdirector de Energía Nuclear), Ignacio Grangel (exjefe de gabinete de la secretaría de Energía), Jorge Sanz (exdirector general de Política Energética y Minas), Oscar Lapastora (expresidente de Carbunión), Miguel Duvisón (director general de operación de REE), José Luis de la Fuente (profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid) y Diego Rodríguez Rodríguez (exconsejero de la CNMC).
El informe tendrá que recoger alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía dentro de una transición energética lo más eficiente, sostenible, y baja en carbono posible. También se deberá tener en cuenta el grado de participación de renovables en función de los niveles de interconexión y la contribución de las políticas de eficiencia energética.
A finales de año se deberá responder a cuestiones tales como ¿Qué se hará con el carbón nacional? ¿Cómo se integrará toda la renovable subastada en 2017? ¿Deberán replantearse costes tales como retribución a renovables o nuclear? ¿Qué se hará con la vida útil de las nucleares? ¿Se deberán de modificar costes de pagos por capacidad o ATRs? ¿Se hablará de autoconsumo y generación distribuida?
Tener un plan ambicioso es vital para el desarrollo de una economía de futuro, una economía competitiva y un nuevo modelo productivo, que pueda hacerse un hueco por eficiencia, por innovación y que genere bienestar social.
Precisamos de una Ley de cambio climático y transición energética que sea lo suficientemente ambiciosa como para permitirnos avanzar hacia una economía completamente descarbonizada en 2050.
No obstante, la obligación de limitar las emisiones condiciona la manera de abordar políticas energéticas, de transporte, y de producción. Por ese motivo, se tienen que integrar todos los sectores en una única normativa que permita una mejor gestión global de la reducción de emisiones, pero en lugar de hacerlo de manera focalizada hacerlo de manera transversal.
Sonia Diaz | Energy Consultant
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