El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 31 de marzo 2020 un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19.
Para el sector de energía, beneficiarán de igual forma a comercializadoras eléctricas y gasistas así como a los consumidores.
Para los consumidores vulnerables
Las medidas aprobadas dentro de un paquete de 50 permiten:
- Ampliación de la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares durante el periodo que se prolongue el estado de alarma, salvo por motivos ligados a la seguridad del suministro. En un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar.
- Se extiende de manera excepcional y temporal el derecho a acogerse al bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación por la crisis del coronavirus. En concreto, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia encontrarse afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.
La medida, que fue avanzada por el responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, establece unos rangos de renta:
- a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
- a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
- a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo.
Para los consumidores autónomos y empresas
Tras el consejo, el gobierno permitirá el aplazamiento de todos los pagos de luz y de gas. Los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma. De igual forma, el gobierno forzará a conceder la reducción de potencia de sus facturas sin cobrar por ello. De esta forma, con el objetivo de hacer frente a la crisis actual, pymes y autónomos podrán ver una reducción en sus recibos.
Así mismo, también se permitirá que autónomos y empresas puedan prescindir de forma temporal de sus contratos de suministro, o modificar la modalidad de sus contratos sin ninguna penalización implícita. De igual forma, también se pondrá a su disposición un cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez finalizado el estado de alarma, se les permitirá una nueva modificación sin coste ni penalización.
Para las comercializadoras y distribuidoras
Los cambios en los contratos no supondrán gastos. Para que los costes no recaigan en la comercializadora o la distribuidora y no tengan que asumir fuertes cargas de tesorería, serán eximidas de afrontar el pago los peajes durante el periodo de suspensión del pago. Tampoco deberán pagar los impuestos asociados a los recibos de luz, gas y derivados del petróleo.
Todas estas medidas podrán mantenerse hasta tres meses después de que se levante el estado de alarma.
Terminar con que la potencial reducción de facturación por pago de menos peajes supondrá una merma de ingresos para el sistema eléctrico y gasista. Par ello, el Gobierno pretende cubrir el potencial déficit con cargo a unos nuevos presupuestos generales del Estado. Esta nueva partida del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica irá directa a la CNMC, quien dispondrá de los recursos para el pago de liquidaciones del sistema (pago a distribuidoras, transportistas, extrapeninsular, primas renovables y deuda histórica).
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