Se acerca la navidad y con Álvaro Nadal como nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, nombrado a principios de noviembre, el sector de la energía en España está aguantado la respiración para ver hacia donde soplaran los vientos esta vez.
En el corto periodo que Álvaro Nadal lleva ejerciendo sus funciones como ministro quiere que todas las eléctricas paguen el bono social, lo que implica seguir financiando entre 180-200 millones de euros en vez de que recaiga solo en las grandes eléctricas. Con ello pretende acatar el dictamen del Tribunal Supremo sobre eliminar el actual reparto discriminatorio. Una acción contraria a la mantenida por sus sucesores quienes querían solicitar la nulidad de dicho dictamen y negaban la existencia de la pobreza.
Ya hemos conocido el legado del equipo Soria y el otro de Nadal: abanderado de la reforma eléctrica para acabar con el déficit de tarifa. Un objetivo que ha conseguido con nuevos impuestos, con recortes (mayoritariamente en las primas a las renovables), y también con cambios en otros servicios como en la interrumpibilidad que ahora es por subasta o incrementando el coste del peaje de acceso fijo, conocido como termino de potencia, en más de un 100% en agosto 2013. De todas estas medidas en 2014 el sistema tuvo el primer superávit de 550 millones y otro superávit en 2015 de 470 millones de euros según la CNCM. Un superávit que todavía no se destina a ir contra el déficit.
Ahora bien, en el borrador de la Orden de tarifas para el ejercicio 2017, el gobierno estima un nuevo superávit en electricidad de 110 millones para 2016 pero solo de 9.2 millones para 2017 según el Economista. Un superávit que se obtiene gracias a la compensación por los costes de los territorios no peninsulares en 2015 de 175 millones. Sin dicha compensación, se estima un déficit del 1%, acabando con la senda de superávit de los últimos tres años. ¿Cómo es posible?
En el borrador de la Orden de peajes de 2017 se anuncia una congelación de los peajes y cargos eléctricos dado que no se alcanza ese 2% de los ingresos estimados para ese ejercicio que se introdujo en 2013, en la Ley del sector eléctrico. Por un lado se mantienen los importes de coste del transporte y la distribución así como de ingresos a recaudar de los consumidores eléctricos y las cantidades de las partidas a soportar por los presupuestos generales. Sin embargo se aumentan el coste de partidas destinadas a las energías renovables. Se pasa de 6.502.43 millones en 2016 a 7.163 millones en 2017 (6.987 millones de aumento respecto a 2016 más 176 millones por importes recibidos de menos en 2015).
Parece que Alberto y Álvaro Nadal sean cada uno, un lado del rostro de “Dos Caras”, villano de la saga Batman. Pero todavía es pronto saber si el nuevo ministro es la buena o la mala. Lo que si es cierto es que en esta legislatura Álvaro Nadal tendrá que consensuar las iniciativas con otros partidos. Las elecciones del pasado junio 2016 dibujaron un escenario político donde el PP no tiene la mayoría absoluta en el parlamento:
Frente a este panorama, es razonable imaginar que los acuerdos se sucedan entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Realicemos un breve resumen de los modelos energéticos que presentaron los cuatro grandes grupos al inicio de sus campañas:
El Partido Popular proponía seguir con la política de transición energética ya establecida y seguir potenciando la penetración de las energías renovables en el ‘mix’ energético.
En el caso de la energía nuclear, plantean mantener las centrales nucleares actuales y culminar la construcción del ATC en Villar de Cañas. Sin embargo no se han pronunciado sobre el cierre de centrales que están al final de su vida útil.
El PSOE quiere rebajar las emisiones per cápita de 7’3 a 1’7 toneladas para 2050. Para ello, plantean desarrollar un plan estratégico que consiga superar en 2030 el 70% de participación de las renovables en la matriz energética.
En cuanto a la energía nuclear, proponen revisar la creación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas y cerrar la nucleares a los 40 años de vida (es decir, 2028 no habría nucleares en España y Garoña no podría reabrir).
Podemos proponen un plan de transición energética, para que en 2050 el 100 % del consumo proceda “de energías renovables limpias tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión”.
También aboga por el cierre paulatino de las centrales nucleares (junto a las de ciclo combinado y las de carbón) en funcionamiento en España.
Ciudadanos también le interesa una transición gradual hacia energías renovables. Su mayor apuesta es por el auto-consumo, eliminando cualquier traba y suprimiendo el llamado “impuesto al sol”.
Respecto a las nucleares, Cuidadanos no se pronunció en su programa.
“Este consenso permite la continuidad del bono social financiado por todas las comercializadoras eléctricas”
Es visible que existen puntos en común. Es más, el consenso político, incluyendo a Podemos, y que se dio el 30 de noviembre para acabar con la pobreza energética se ha tomado como el primer paso a un posible Pacto de Estado de energía.
Un consenso que no se dio durante los cuatro años de mayoría absoluta del PP, pues todas las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios encaminadas a solucionar las necesidades de estas personas sin recursos y que llegaron a ser debatidas, fueron denegadas en el Congreso.
Este consenso permite la continuidad del bono social financiado por todas las comercializadoras eléctricas, y no solo de las grandes, ha sido visto con malestar por todo el sector de comercializadoras. Ahora bien también ha sido interpretado como un gesto del PP hacia la izquierda para que aprobaran los presupuestos.
Ahora bien, este consenso no parece reproducirse en el corto plazo con el gran elefante de la sala conocido como el “impuesto al sol”. Un cargo cuya estimación para 2017 ha sido 0 dado que todavía no se ha aprobado el reglamento para que se cobre dicho cargo y hace ya 1 año que se aprobó el RD 900/2015. Este Real Decreto fue defendido por el anterior ministro y el subsecretario Alberto Nadal pero es un cargo al que se oponen el resto de grupos parlamentarios. Y a pesar de ello, el actual ministro Álvaro Nadal lo continúa defendiendo bajo el pretexto de evitar que los “consumidores fuertes” como los que disponen de “2.000 metros cuadrados de jardín con amplio nivel de tejado” trasladen su carga al resto de usuarios. Y añade que si se eliminara esto podría afectar a los presupuesto, empeorando la situación Bruselas.
Como hemos comentado, tras aprobarse los presupuesto se ha anunciado que la recaudación prevista para 2017 por el “impuesto al sol” es 0, por lo que no es comprensible como dicha cantidad puede afectar a los presupuesto. El ministro acaba de matar otro argumento más para no revisar dicho decreto.
En cuanto a Bruselas, este podría mostrar malestar no porque el impuesto al sol “afectarían a los presupuestos” sino porque es una medida que va en contra de la nueva directiva europea de eficiencia energética. Una directiva que fomenta el autoconsumo compartido y el vehículo eléctrico. Curioso que el congreso de diputados ya tenga una ley para impulsar la movilidad electica a nivel nacional conocida como Ley de movilidad eléctrica pero no comience la revisión del real decreto de autoconsumo que el ministro anuncio en los medios. Y la pregunta es, ¿Por qué vehículo eléctrico si pero autoconsumo compartido no?
Y como esta pregunta surgen muchas otras:
sobre carbón nacional y la garantía de suministro, sobre las futuras subastas de renovables y sus primas; acerca de los ciclos combinados y su posible hibernación; o del posible cierre de nucleares; o sobre el impulso o no de la generación distribuida; sobre el destino de las recaudaciones del fondo de eficiencia energética… La lista de dudas es interminable. Muchas son las incógnitas que nos dejan aguantando la respiración. Por ello, y citando al otro hermano, Alberto Nadal, sería un buen regalo que llevaran a cabo un pacto de Estado de energía sobre “unas bases de sentido común” y que “trascienda las ideologías”, siendo sostenible en el muy largo plazo.
De otro modo el consumidor final estará sentenciado a pagar cada año una factura más cara por afrontar las decisiones en políticas energéticas de cada partido. Políticas que no dejan de aumentar la capacidad instalada de un sistema que ya muestra un 40% de sobrecapacidad.
Marta Merodio | Energy Consultant
Si te ha parecido interesante ¡compártelo!
Artículos Recientes
